Luego de la aprobación en Consejo de Gabinete de la firma del nuevo contrato con la empresa Minera Panamá, activistas ambientales han reavivado el polémico debate sobre la legitimidad y constitucionalidad de este acuerdo, y han salido a las calles a manifestar su abierta oposición a la aprobación de esta ley.
Entre los argumentos esgrimidos por los opositores al contrato destaca el hecho de que, por su contenido, “no es sustancialmente mejor que el aprobado en la Ley 9 de 1997, por lo tanto las declaraciones hechas por el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, de que se trata de un triunfo histórico para Panamá, son una falacia”, dijo en una entrevista de TV el abogado ambientalista Rodrigo Noriega.
Destaca Noriega que el estudio de impacto ambiental que sustenta este contrato es copia fiel y exacta del documento homólogo incluido en el tratado de libre comercio firmado hace más de 12 años con Canadá, es decir, que su contenido no incluye todos los acuerdos y avances que ha ocurrido en ese lapso en el país y el mundo.
Por otra parte, el hecho de modificar el acuerdo de contrato logrado en meses pasados entre el Gobierno y la Minera -cuyo contenido se dijo en ese momento que no podía ser alterado- para incluir al distrito de La Pintada entre las entidades beneficiarias del fideicomiso, además de Donoso y Omar Torrijos, le otorga a este proceso un marcado tinte electorero, dicen los opositores a la firma.
La ex-vicealcaldesa de Panamá y reconocida promotora de la protección del ambiente en
el país, Raysa Banfield, ha liderado las protestas en contra de la firma del contrato minero que se vienen realizando a diario frente a la sede del Ministerio del Ambiente. Banfield denuncia que este decreto que está próximo a firmarse y a ser declarado Ley de la República, otorga libertades al concesionario para ocupar tierras ajenas al área de la concesión, a intervenir afluentes de agua para beneficio de la explotación de minerales, entre otros temas que ella cataloga como inconstitucionales y nocivos para el país.
El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, designado por el Consejo de Gabinete para representar al Estado en la firma del contrato con Minera Panamá, señala que este contrato asegura un pago mínimo garantizado de B/.375 millones al Estado, “lo que se traduce en una compensación justa por los recursos naturales del pueblo panameño”.
Agrega Alfaro Boyd que el nuevo contrato con la empresa Minera Panamá S.A. también contempla mejoras significativas en materia laboral y ambiental para el país.
Mientras se desarrolla esta diatriba, el proceso sigue su marcha y ahora se procederá a la firma del documento en los próximos días por el ministro Alfaro Boyd y Manuel Aizpurúa, representante legal de Minera Panamá; luego será remitido a la Contraloría General de la República para su refrendo y posteriormente será presentado ante la Asamblea Nacional para su debida aprobación. De ser aprobado el contrato ley, se presentará al Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, para su sanción y promulgación de la ley
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