Juvenal Cubillán
Luego de realizar varias protestas y marchas, residentes, vecinos, miembros de la Asociación de Comunidades del Área del Canal, así como de organizaciones ambientalistas, se apostaron frente a la sede del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de suspender los trabajos de ampliación de la Av. Omar Torrijos.
El abogado Víctor Martínez indicó que la empresa contratista insiste en continuar y violar la decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que suspendió el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría II, para el proyecto de diseño y construcción de la rehabilitación y ensanche de la carretera Omar Torrijos.
Los residentes de áreas revertidas y ambientalistas hacen un llamado al ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, y al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Emilio Sempris, para que acaten el fallo de la Corte y se detenga esta obra que atenta contra la biodiversidad y el equilibrio del medio ambiente en la zona del canal.
Decisión de la Corte
De acuerdo con el fallo de la CSJ, la obra de ensanche de la vía Omar Torrijos quedaría paralizada de manera provisional tras la decisión de la Sala Tercera de suspender la resolución emitida por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Categoría II para el proyecto de ampliación de esta avenida, así como Corozal, Red Tank y vía Cincuentenario.
En el edicto publicado se advierte que la decisión se adopta dentro de la demanda de nulidad presentada por el alcalde del Distrito Panamá, José Isabel Blandón, contra la resolución No. Diedora-IA-058-18, de 17 de febrero de 2018, que aprobó el EIA categoría II para la citada obra.
Este estudio también ha sido demandado por los abogados Víctor Martínez y Donald Sousa. Además, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) presentó ante el Ministerio Público (MP), una denuncia penal contra el MOP y el Ministerio del Ambiente, para que se investigue posible delito contra el ambiente.
Por su parte, Donaldo Sousa, interpuso demanda de nulidad contra el EIA categoría II, por supuestos daños contra el medio ambiente, y aseguró que la decisión de la Sala obliga a la suspensión de toda la obra y detalla que el EIA categoría II aprobado por el Ministerio de Ambiente es el sustento legal para la ejecución del proyecto, ya que allí se incluyen las normas a cumplir por parte de la empresa para mitigar los daños al ecosistema en el área donde se desarrollan los trabajos.
El estudio de impacto ambiental aprobado establece que en área a desarrollar en el proyecto se encuentran 54 especies de aves, 24 especies de mamíferos y 10 de anfibios, y reconoce que se impactarán áreas reforestadas, bosque secundario intermedio y bosque secundario maduro.
Previo a estas acciones legales, la Fundación Ciudad del Saber interpuso el 2 de agosto de 2018 ante la CSJ un recurso de habeas data, y el 26 de octubre del mismo año una acción de amparo para revocar la orden de proceder del proyecto.
La obra, con un costo de $89.1 millones, incluye la construcción de dos puentes vehiculares sobre los ríos Cárdenas y Pedro Miguel, así como cuatro intercambiadores: Ciudad del Saber, Miraflores, Red Tank y vía Cárdenas.
La obra es adelantada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través del consorcio privados conformado por dos empresas.
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