Las organizaciones que apoyan y adversan el proyecto de ley 61, que busca adoptar políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud, están a la espera de que se conformen las comisiones de la Asamblea Nacional para conocer el futuro de la iniciativa.
Rubiela Sánchez, miembro de la Coalición Panameña por la Educación Integral en Sexualidad, manifestó que el destino de la ley está en manos de la Asamblea, pero espera que si la propuesta es devuelta a primer debate sea con el objetivo de mejorarla y buscar el consenso entre los diversos miembros de la sociedad civil.
Añadió que es lamentable que mientras la sociedad discute la propuesta legislativa sobre educación sexual, las cifras de niñas embarazadas aumenten en el país.
En ese sentido, el último informe del Ministerio de Salud muestra que en un mes se han reportado 976 niñas y jóvenes embarazadas entre 10 y 19 años de edad.
El reporte de la entidad refleja que hasta junio pasado 5 mil 856 niñas y adolescentes ingresaron a control de embarazo; mientras que para mayo, la cifra ascendía a 4 mil 880.
Por su parte, Rossana Uribe, miembro de la junta directiva de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia, indicó que los datos son alarmantes, pero como es una realidad que pasa en círculos de escasos recursos, a pocas personas le importa.
Agregó que los intentos de una ley de educación sexual han fallado en reiteradas ocasiones, porque desafortunadamente se involucra el tema religioso, cuando en realidad es un tema de salud pública.
Mientras que Roderick Burgos, miembro de la Alianza por la Vida y la Familia, manifestó que una sola niña embarazada en el país es motivo de preocupación para toda la población del país, sin embargo, dijo que al presentarse cifras de 10 mil o mil obviamente es alarmante.
“Tenemos propuestas y creemos en la educación sexual para nuestros hijos y lo practicamos, pero lo que nos están proponiendo es en lo que no estamos de acuerdo y de ese tema ya se ha hablado bastante”, expresó.
Acotó que están en espera como sociedad civil de que les permitan presentar sus propuestas y, en función de eso, seguir adelante.
Al respecto, Tatiana Álvarez, integrante de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, informó que el debate terminó y que estarán vigilantes de que se cumpla lo prometido.
Álvarez dijo que tienen iniciativas a presentar y parte de ellas fueron entregadas el pasado miércoles 13 de julio al finalizar la marcha.
Entre las propuestas está que los programas de educación relativos a la sexualidad y la salud sexual sean elaborados por el Estado cumpliendo con la ley, que estén libres de todo contenido de ideología de género y que sean hechos por panameños, sin injerencia extranjera.
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