El fallo de la Corte Suprema de Justicia anunciado el pasado martes 28 de noviembre decreta el cierre de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, dejando expresamente claro que no habrá cabida a una nueva concesión. La pregunta es: ¿Qué viene después de esta decisión del Órgano Judicial panameño?
- Según los expertos en esta materia, lo que sigue es que se entregue el fallo a los dos abogados demandantes, lo cual ya sucedió. Luego se envía el fallo a las instancias que dicta la Constitución, entre ellas al Ejecutivo, donde se procede a la publicación en Gaceta Oficial y luego se hace la notificación formal a la empresa minera.
- En otras condiciones, el paso que pudiera seguir es que el Estado y la empresa minera decidan presentar un nuevo contrato a discusión en la Asamblea Nacional, no obstante, la voz del pueblo panameño dejó claro que la minería no es una opción y es realmente imposible que esta sea una opción. Por otro lado, la aprobación, sobre la marcha del conflicto de más de un mes, de la Ley de Moratoria Minera sepulta por completo la posibilidad de dejar la mina activa.
- Dicho esto, lo que se viene son los acuerdos para el cese de operaciones y el cierre definitivo de la mina, lo cual involucra un proceso complejo y demorado. Se haría de acuerdo a lo establecido en el propio contrato que ha quedado sin efecto pero que establece cláusulas para ello.
- Es casi un hecho de que la empresa minera presente demandas por la vía de reclamos arbitrales enmarcados en los acuerdos comerciales de Panamá y Canadá, en este caso el Tratado de Libre Comercio suscrito entre ambas naciones. De acuerdo con el experto en derecho internacional, Rodrigo Noriega, el Estado panameño y la minera se encaminan a un arbitraje en el Centro Internacional de Arbitraje en la ciudad de Washington.
- Panamá deberá presentar ante tribunales internacionales pruebas que demuestren que la minera operó al margen de una gran cantidad de normas establecidas previamente, además de demostrar los daños ecológicos ocasionados por la extracción de los minerales en la zona de la concesión.
- Mientras estos temas jurídicos se edifican, Panamá deberá manejar el impacto laboral del cierre de la mina. Se habla de 40 mil plazas de empleo directo e indirecto que quedarán cesantes y que deberán ser reasignadas en la ya golpeada realidad económica del país. No obstante, Panamá ha manejado con relativo éxito situaciones similares en el pasado reciente.
- A la par vendría también el impacto económico tras el cierre de las operaciones de la mina, cuyo aporte al fisco es de un 5% del Producto Interno Bruto total del país. El Gobierno anunció, tras la firma del contrato con la minera, que ésta aportaría 375 millones de dólares anuales y con ello el Estado había planeado cubrir demandas presupuestarias importantes, entre ellas el denominado Fondo de Vejez, Invalidez y Muerte. El presupuesto de 2024 también sufrirá un ajuste importante, y con ello las expectativas económicas de los próximos años.
- Desde lo estratégico, Panamá deberá definir otras actividades productivas de envergadura para orientar su plan de diversificación de las fuentes de ingreso del país, más aún con el inminente impacto negativo que tendrá para la operación del Canal de Panamá la construcción del Corredor Interoceánico de México.
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