Con el objetivo de enfrentar los efectos de las recientes inundaciones, el Gobierno Nacional declaró estado de emergencia en los corregimientos de Juan Díaz y Belisario Porras, en los distritos de Panamá y San Miguelito.
De acuerdo con el Decreto Ejecutivo, es necesaria la implementación de la medida debido al peligro que representa para la población los deslizamientos tierra, árboles abatidos sobre las vías, y el colapso del muro que encausaba el río Matías Hernández, así como las pérdidas materiales de las personas afectadas por las inundaciones tras las fuertes lluvias registradas el pasado jueves.
El decreto también dicta la excepción del procedimiento de selección de contratista y se autoriza a contratar por procedimiento excepcional de contratación al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), al Ministerio de Obras Públicas (MOP), al Ministerio de Salud (MINSA) y al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) para la ejecución de obras, adquisición de bienes y/o servicios que se requieren para atender situaciones relacionadas con el estado de emergencia declarado.
De igual forma se autoriza la Miviot a la adquisición o construcción de las viviendas, enseres e inmobiliarios necesarios para los afectados por las inundaciones, principalmente a quienes hayan perdido su residencia por motivo directo de las mismas o que estén en peligro de perderla ante una situación similar. Además deberán contratar el alquiler de las unidades habitacionales, que puedan ser necesarias temporalmente para atender a los afectados.
La ejecución de los estudios técnicos que permitan tomar las acciones de ordenamiento del territorio conducentes a proteger la vida y bienes de los habitantes de las zonas afectadas será coordinadas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en conjunto con las demás autoridades competente, mientras que será el encargado de las contrataciones para reencausar el río Matías Hernández, su dragado, la re-construcción de taludes y refuerzos, así como la construcción de muros de retención con el sistema de gaviones.
El documento dispone que los contratistas deben presentar fianzas de cumplimiento cuando se trate de obras, y en todos los casos garantizarán el cumplimiento de los objetivos del contrato y responderán por los vicios en los bienes, servicios u obras contratados. La Contraloría General de la República ejercerá sobre todas las contrataciones las facultades de supervisión necesarias para asegurar la transparencia de los procedimientos.
Las contrataciones para atender las distintas emergencias se realizarán hasta el próximo 16 de noviembre y por la suma máxima de 10 millones de dólares.
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