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Han transcurrido dos meses desde que los gremios de educadores en Panamá iniciaron una huelga indefinida en protesta contra la Ley 462 que reforma el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). Esta medida ha generado una paralización significativa en el sistema educativo nacional, afectando a miles de estudiantes y provocando tensiones entre el gobierno, los docentes y diversos sectores de la sociedad.
Impacto en los estudiantes
La interrupción de las clases ha dejado a numerosos estudiantes sin acceso a la educación regular. Especialistas advierten que por cada día de clase perdido, se requieren tres para recuperar el aprendizaje, lo que agrava la deuda educativa acumulada desde la pandemia. 
Preocupación en el Meduca
El Ministerio de Educación ha expresado su preocupación por el impacto negativo de la huelga en el sector primario, señalando que la interrupción afecta la continuidad del aprendizaje. La viceministra Agnes de Cotes destacó que en algunas regiones educativas, la asistencia de docentes es mínima, y en ciertos casos, los padres han impedido el acceso a los centros educativos, afectando la entrega de alimentos y la seguridad del personal.
De Cotes hizo un llamado a la conciencia sobre la educación pública, advirtiendo que, "luego de dos meses sin clases, se puede considerar en peligro el año escolar 2025". Explicó que, las dos semanas de receso entre periodos actuaban como un "comodín", pero al agotarse, se convierten en pérdida.
El contralor de la República, Anel Flores, anunció medidas contra los directores de escuelas que no entreguen informes de asistencia, medida que permite la retención de cheques de pago para los docentes que no se presenten a trabajar. Más allá de eso, el Gobierno aprobó un decreto para reemplazar a aquellos maestros y profesores que no estén cumpliendo sus horas de clases.
Padres buscan alternativas
Padres de familia han manifestado su preocupación por el futuro académico de sus hijos. Algunos solicitan a los docentes que retornen a sus puestos de trabajo o consideren alternativas como la educación virtual para no afectar el aprendizaje de los estudiantes. Camila de Vengoechea, de la Cámara Panameña de Desarrollo Social, enfatizó que los derechos de los niños y adolescentes deben ser la prioridad en esta situación.
Postura de los Docentes
Los gremios de educadores sostienen que la Ley 462 es perjudicial para los trabajadores y exigen su derogación. Humberto Montero, vocero del Frente Nacional de Educadores Independientes, afirmó que continuarán en las calles hasta lograr sus objetivos, criticando la falta de diálogo con el gobierno.
Por su parte, Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, del Asoprof, comentó que esta es “una Ley que no le conviene a las grandes mayorías y eso hay que hacérselo entender a quienes tienen capacidades de tomar decisiones importantes”.
La huelga de educadores en Panamá ha evidenciado las tensiones existentes entre las demandas laborales y el derecho a la educación de los estudiantes. Mientras el gobierno y los docentes mantienen posturas firmes, la sociedad civil y los padres de familia claman por una pronta solución que garantice el retorno a las aulas y la continuidad del proceso educativo.
