Este martes se generó un gran revuelo en la ciudad por la denominada Operación Furia, que desplegó la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, que dejó al descubierto el aparente desvío de unas 86 armas de fuego pertenecientes a estamentos de seguridad del Estado, que luego habrían sido vendidas por exfuncionarios policiales, y del Consejo de Seguridad Nacional.
El fiscal Emeldo Márquez explicó en conferencia de prensa que en total se realizaron 28 allanamientos en las provincias de Panamá, Veraguas y Panamá Oeste, y se ordenó la aprehensión de 19 personas, entre ellas, altos exfuncionarios de seguridad del Estado.
Durante estas diligencias se incautaron 34 armas de fuego y municiones, entre éstas, 13 fusiles de guerra, 1 rifle, 16 pistolas de diferentes calibres, 4 escopetas y más de 2 mil municiones.
Entre estos funcionarios están Rolando López, secretario del CSN en el gobierno de Juan Carlos Varela; Omar Pinzón, ex director de la Policía Nacional y Ricky Domínguez, representante del corregimiento Bella Vista, quien rindió declaraciones en la Fiscalía, pero no hay mayores detalles de su comparecencia, solo lo que está expresado en un comunicado que él hizo publico: «Aclaro que en la mañana de hoy martes 14 de julio, funcionarios d la fiscalía acudieron a mi residencia con una orden, en busca de un arma de defensa personal de mi propiedad, la cual está legalmente registrada y con todos los permisos requeridos por las leyes de Panamá. Dicha arma fue adquirida por mi, mediante una transacción comercial privada. He girado instrucciones a mis abogados para que interpongan los recursos que amerite el caso».
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realiza estas diligencias como parte de una investigación sobre unas armas supuestamente donadas a los jefes de varias entidades del Estado, por parte del proveedor Aerotécnica de Panamá, S.A.
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