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Juan Jované sobre el Decreto 130: “Este gobierno tiene hambre de impuestos”

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Texto y fotos: Andreína Rodríguez González

Con el objetivo de producir un documento orientador, tanto para el país como para el Gobierno Nacional, la Universidad de Panamá celebró en debate abierto el foro “Análisis y Repercusiones del Decreto 130”.

Tras reunión ordinaria del Consejo Académico de esta casa de Estudios, se acordó llevar a cabo esta iniciativa impulsada por Eduardo Flores Castro, rector de la universidad, contando con dos representantes de cada facción.

Eduardo Castro Flores, rector de la Universidad de Panamá.
Eduardo Castro Flores, rector de la Universidad de Panamá.

Realizado en el Paraninfo de esta casa de estudios, el foro estuvo moderado por Hernando Franco Muñoz, abogado y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; los expositores invitados fueron Alvin Weeden y Erasmo Muñoz, quienes respaldaron la propuesta gubernamental; y Juan Jované y Richard Morales, quienes criticaron la claridad de este decreto ejecutivo.

Iniciando el acto, Flores Castro agradeció a los presentes formar parte del estudio de este marco normativo e invitó a las autoridades del gobierno central a hacerse eco de las observaciones que plantea la opinión pública en pro de construir un mejor estado de gobernabilidad para el país.

“Estamos aquí para despejar dudas, para separar verdades de mentiras. Queremos saber si hay agendas ocultas o quién se beneficia y quién se perjudica. Deseamos saber si hay quienes desean adquirir tierras costeras súper valoradas o si es cierto que algunos dueños de residencias de la Cinta Costera desean vender sin pagar los impuestos correspondientes. ¿Es cierto que el decreto empobrecerá a las capas medias?”, cuestionó el rector.

El foro contó con invitación abierta al público

Pros y contras

El primer moderador en fijar posición fue el profesor y economista Juan Jované, quien opinó que el objetivo del Gobierno Nacional es obtener mayores ingresos. “Este es un gobierno que tiene hambre de impuestos (…) Este es un decreto que viabiliza la revalorización de tierras”.

Por su parte, el abogado Alvin Weeden rechazó esta tesis basado en la Ley de Descentralización. “El Decreto 130 no atrae recursos al Ejecutivo Nacional. Si bien ingresa momentáneamente a través del Ministerio de Economía y Finanzas, los encargados de administrarlos son los municipios”, aclaró el también ex Contralor de la República.

Alvin Weeden, abogado y ex contralor de la República.
Alvin Weeden, abogado y ex contralor de la República.

Al respecto, el profesor Richard Morales, expuso que, si bien el gobierno central no se beneficia directamente del impuesto, sí lo hace a través de las mejoras que realizan las alcaldías. “Se sube el valor de las áreas donde ellos están destruyendo y reconstruyendo, poniéndolas vulnerables a mayor inversión donde pueda continuar fluyendo el capital (…) Aquí se está construyendo para el capital, no para los ciudadanos y es la especulación de las tierras el principal instrumento de acumulación de riquezas”, concluyó Morales, quien también advirtió que la resolución debiera ser más específica en sus términos “El Estado no puede tener forma alguna de discrecionalidad por abrir puerta al abuso”.

Richard Morales, profesor en Ciencias Políticas.
Richard Morales, profesor en Ciencias Políticas.

Cerrando el encuentro, Erasmo Muñoz, director del Registro Público, reiteró que la intención del gobierno nacional es facilitar al ciudadano un sistema administrativo con información integral coherente. “Vinimos como servidores públicos a mostrar que este decreto ejecutivo busca establecer comunicación inter institucional. Desmentimos categóricamente que se pretenda “quitar casas” (…) El gobierno ha impulsado ofrecer titulación masiva de tierras para darle oportunidades a los ciudadanos de mejorar su calidad de vida. Sobre todo, para aquellos que no tienen posibilidades de obtener un crédito en un banco”, afirmó.

Erasmo Muñoz, director del Registro Público

Documento final

Quedó pendiente por parte de la Universidad de Panamá la publicación de las conclusiones obtenidas, también, luego de la ronda de preguntas y respuestas del público asistente.

Ambas partes se comprometieron a mantener el diálogo y la concertación de ideas en pro de fomentar un ambiente cívico de intercambio de opiniones en favor de la gobernabilidad del país y mantenimiento de la institucionalidad.