La presencia de personas en situación de calle en la ciudad de Panamá sigue siendo una de las caras más visibles y complejas de la desigualdad urbana. Organizaciones sociales y medios locales estiman que entre 400 y 500 personas viven de forma permanente o intermitente en las calles de la capital, concentradas en áreas del centro, Calidonia, San Francisco y sectores periféricos donde proliferan los refugios improvisados. El fenómeno se relaciona con problemas de adicción, rupturas familiares, desempleo y, en muchos casos, con trayectorias de abandono desde la infancia.
Frente a esta realidad, varios organismos oficiales, la Alcaldía de Panamá y las juntas comunales, han desplegado en los últimos meses un plan de intervención que combina operativos de rescate social con atención temporal y derivación interinstitucional.
En torno a este tema, la Dirección de Gestión Social municipal informó que su “Red de Atención al Habitante de Calle” ha brindado asistencia sanitaria, aseo personal, alimentación, ropa y seguimiento social a cientos de casos, contabilizando varios cientos de atenciones en su primer año de trabajo. Estas jornadas incluyen la remoción de campamentos improvisados y el traslado temporal de personas a espacios como gimnasios o albergues para evaluación y acceso a servicios.
Reinserción social
El Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, participa junto al Municipio en un plan piloto que busca articular salud, educación, empleo y capacitación técnica como alternativas que permitan la reinserción social. Según el MIDES, la estrategia pretende, no solo retirar a las personas de la vía pública, sino ofrecerles seguimiento médico, atención psicológica y vinculación a programas de protección social y formación laboral, según el caso particular de cada persona atendida.
Por su parte, en la Asamblea Nacional se han promovido iniciativas para crear un Plan Nacional Integral de Rehabilitación y Resocialización para personas en situación de calle, lo que indica que además de las respuestas locales existe una discusión sobre la necesidad de una política nacional coordinada que garantice recursos y protocolos estandarizados. Expertos y organizaciones civiles han señalado que la respuesta efectiva requiere cooperación entre municipios, ministerios (salud, trabajo y desarrollo social), la Policía Nacional y las ONG que gestionan albergues y programas de rehabilitación.
Las organizaciones no gubernamentales y fundaciones complementan la respuesta del Estado con casas de acogida, programas de tratamiento para adicciones y proyectos de reinserción laboral. Entidades como REMAR y otras fundaciones mantienen albergues que ofrecen tratamiento, techo temporal y talleres ocupacionales, aunque sus capacidades son limitadas frente a la demanda. El sector social insiste en la necesidad de mayor inversión pública, protocolos de atención diferenciada (por edad y género), y programas sostenibles que incluyan vivienda social y acompañamiento psicosocial prolongado.
Pese a los esfuerzos, persisten retos importantes, entre ellos, la estigmatización social, la precariedad de espacios de atención, la fragmentación institucional y la falta de alternativas laborales formales para quienes logran salir de la calle. Autoridades municipales sostienen que las jornadas son solo un primer paso y que el objetivo es articular rutas de salida —salud, empleo y vivienda— que permitan transformar temporalidad en procesos de recuperación real. Para especialistas, el éxito dependerá de convertir los operativos puntuales en políticas continuas, con indicadores claros y financiamiento estable.
En la calle, mientras tanto, la vida continúa entre carpas y cartones; para muchos habitantes de la ciudad, la presencia de estas personas exige una reflexión pública sobre prioridades sociales: ¿prefiere la ciudad medidas de choque que recuperen el espacio público o invertir en procesos largos y costosos que apunten a la reinserción? Las autoridades públicas y las organizaciones sociales parecen coincidir en que no hay solución mágica, hará falta tiempo, coordinación y voluntad política para que la ciudad deje de ver a las personas en situación de calle como un problema puramente urbano y las trate como sujetos con derechos y potencial de recuperación.
