De acuerdo con lo que había sido anunciado, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, anunció una serie de medidas que deberán acatarse de inmediato para aliviar el impacto del conflicto en el Medio Oriente y el alza en los precios del petróleo.
En este sentido, el Gobierno Nacional ordenó la racionalización del gasto público y un estricto control del consumo de combustible en todas las instituciones del Estado, notificado a través de una circular donde se establecen lineamientos obligatorios para los tres órganos del Estado, entidades descentralizadas, empresas públicas y organismos autónomos.
La circular describe varios puntos de control planteados de la siguientes manera:
- Se establece racionalización del consumo de combustible, que deberá mantenerse estrictamente dentro de lo presupuestado para 2026, prohibiendo aumentos en esta partida mediante traslados presupuestarios.
- Se contemplan excepciones en sectores clave como transporte público, seguridad y salud, los cuales estarán sujetos a monitoreo permanente.
- Se establece la obligación de reportar semanalmente el consumo de combustible, como mecanismo de control y fiscalización del cumplimiento de estas medidas.
- Hay restricción temporal a viajes internacionales y viáticos, limitándolos únicamente a aquellos considerados críticos y que no puedan resolverse mediante herramientas digitales. Se exceptúan los viajes financiados en su totalidad por organismos internacionales.
- Se promueve la optimización de la movilidad laboral, mediante horarios escalonados a partir de las 7 a.m., el uso compartido de vehículos, la reducción de misiones oficiales y la priorización de reuniones virtuales. Incluso, se contempla la suspensión de unidades vehiculares que no sean esenciales para el funcionamiento institucional.
- Se promoverá el uso de vacaciones, priorizando a quienes vivan más lejos de sus áreas de trabajo y aquellos con más de dos períodos de vacaciones por más de 60 días.
- Se desarrollará la digitalización de procesos, impulsando la tramitación virtual, el uso del correo electrónico y la reducción del consumo de papel.
- El objetivo es proteger la sostenibilidad fiscal del Estado sin afectar la continuidad de los servicios públicos.
- La implementación es obligatoria para todas las entidades que administren fondos públicos.
- Las medidas se actualizarán conforme se presenten las condiciones externas.
