En Panamá la población está tratando de salir de la recesión provocada por dos años de absoluta paralización producto de la pandemia que afectó al mundo, no obstante, organismos y empresas crediticias, en especial los bancos, parecen dar por hecho que la crisis terminó y retomaron sus funciones con medidas y condiciones que buscan recuperar el tiempo perdido a su favor en y en detrimento de sus deudores.
Lo que se esperaba fluyera de manera progresiva, al ritmo de la recuperación del país, las fuentes de empleo y la economía en general, ha resultado ser una cacería implacable por parte de los bancos para hacer cumplir las condiciones de sus contratos a toda costa, sin importar que sus clientes aún estén en recesión, y con el agravante de aplicar ajustes y recargos insólitos y desmesurados que han incrementado sustancialmente los montos adeudados por los beneficiarios de los créditos, al parecer como una manera de compensar el tiempo de moratoria impuesto por decreto gubernamental para protección de los ciudadanos, medida que fue compensada con una importante inyección de dinero hecha por el Estado para evitar el desequilibrio en el sector.
La gran cantidad de denuncias que nos comparten los panameños por diferentes vías nos llevan a hacer pública esta situación, ya que se trata de familias que temen perder sus casas y otras propiedades debido a que su situación económica cambió y a los ajustes que les han aplicado los bancos sin consideración alguna.
Casos de personas que recibieron un préstamos de 200 mil dólares para adquirir una vivienda y que a la fecha han pagado al banco más de 150 mil dólares, y cuando han ido a gestionar una renegociación de su deuda para bajar las cuotas mensuales de su crédito y así mantenerse al día con sus pagos, descubren que su deuda total, por razones de intereses y recargos durante la moratoria, se ha incrementado ahora a 230 mil dólares, razón por la cual sus cuotas mensuales, lejos de disminuir, se incrementan.
La pregunta es reiterada, ¿Es posible que las leyes económicas universales permitan que nueve años de pagos puntuales de un crédito se diluyan entre intereses, recargos y otros argumentos? ¿Quién audita esta situación? ¿Quién respalda a los deudores?
El llamado es para la Superintendencia de Bancos, la Defensoría del Pueblo, la ACODECO y al Ejecutivo Nacional para que den respuestas a esta personas que tienen la firme intención de cumplir sus compromisos y que solo piden que se revisen sus créditos y se flexibilicen sus condiciones de pago en función de su situación.
Teléfono: (507) 203-0770
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