Hechos como el ocurrido en la ciudad Surfside, al norte de Miami Beach, han encendido las alarmas en todo el mundo, incluyendo a Panamá, donde el tema de las construcciones y las permisologías reciben a diario fuertes críticas por las irregularidades que registran durante su proceso de edificación y posterior a su ocupación.
Como se sabe, unos 55 de los 136 apartamentos de Champlain Tower, un edificio residencial de 12 pisos ubicado frente al mar, en el condado de Miami Dade, Florida, se derrumbaron dejando un saldo al día de hoy de 16 fallecidos y 147 desaparecidos.
Las primeras investigaciones determinaron que el incidente se debió al colapso de la estructura y hasta ahora tratan de determinar las causas por las cuales las bases cedieron y se vinieron abajo el pasado jueves 24 de junio en horas de la madrugada.
Las versiones posteriores a esta tragedia evidencian que se habían hecho reportes técnicos y advertencias informales sobre el estado de la estructuras, aparentes filtraciones y deterioro evidente de las columnas en el área de la piscina. Nadie las atendió.
En Panamá existe un caso emblemático que muestra un riesgo extremo y una absoluta falta de atención por parte de las autoridades competentes, similar al caso norteamericano, en medio de la esperanza de que el desenlace no sea el mismo.
Se trata del edificio residencial Crystal, ubicado en el sector El Cangrejo, en el
corregimiento de Bella Vista, donde hace más de 5 años la señora Kathleen McGrath espera la demolición de una construcción ilegal que inquilinos que fueron desalojados por presuntas actividades relacionadas con la trata de personas, realizaron en el penthouse, justo encima de su apartamento ubicado en el piso 14.
En medio de grietas, filtraciones e improvisadas vigas de madera que ella misma mandó a colocar debido al desprendimiento que progresivamente sufre la losa superior, McGrath habla con los periodistas, a quienes manifiesta su preocupación porque no sabe cuántos años más va a durar esta pelea, pero que no se va a rendir, hasta que esa construcción ilegal sea demolida.
En esta incertidumbre transcurre la vida de esta mujer estadounidense que lleva más de 45 años residenciada en Panamá y laborando en el Canal de Panamá. «Aquí conocí a mi esposo panameño, tuve mis 2 hijos y tres nietos. La gente me pregunta que si no tengo miedo de que el apartamento ceda y me caiga encima, y bueno, ya no tengo tanto miedo porque esa propiedad de arriba fue desalojada, pero últimamente está cayendo material de arriba, entonces, las 28 familias que habitamos aquí, estamos corriendo peligro».
Los residentes del P.H. Crystal están sometidos a un proceso de secuestro, encaminado por la sociedad Josephco S.A., propietaria de la construcción ilegal; a su vez, no han logrado la demolición de ésta a pesar de la orden emitida por el Municipio de Panamá.
Expresa entusiasmada que sus únicos héroes, los que la ayudaron, fueron los inspectores de Sinaproc, que en su momento, y sin importar las influencias del propietario del apartamento construido sin permiso, ordenó al Municipio de Panamá que demoliera esa construcción, debido al peligro que representaba para los habitantes del PH Crystal, por lo que en 2014 el Municipio de Panamá emitió una orden de demolición, la cual no se ha cumplido hasta la fecha, ya que este ente alega que no hay dinero para hacerlo. «¿Por qué no lo paga su propietario, si tiene mucho dinero?», se pregunta McGrath.
Los otros vecinos y ella, quienes sufren el secuestro administrativo de este residencial, continúan enviado notas a las autoridades alcaldicias, pero no reciben respuesta. El alcalde, José Luis Fábrega, la vicealcaldesa, Judy Meana y el director de Obras y Construcciones, Antonio Docabo, han recibido sus misivas.
Los residentes saben que están luchando contra un Goliat puesto que el representante legal y presidente de la sociedad Josephco S.A, dueña del apartamento ilegal, es David Guardia, quien fuera diputado suplente del panameñista Luis Barría en el período anterior. Entonces, el “tráfico de influencias” se ha impuesto desde el 2014.
Sin dinero
El director de Obras y Construcciones, Antonio Docabo, aseguró que el costo de las obras de demolición es elevado. “Al trabajar con fondos públicos debemos ser conscientes que no podemos usarlos de forma irresponsable. La orden de demolición existe, pero mi dirección no es la que la realiza, no solo porque no hay presupuesto para eso, sino que entre sus atribuciones está dar la orden, pero no la ejecución; los que construyeron de forma ilegal son los responsables de demoler el sitio».
Arreglar los daños en el apartamento de la señora MacGrath y demoler todo lo construido se estima tenga un costo que supera los $100 mil».
El caso es que, más allá de un tema de costos materiales, está el riesgo latente en el que se encuentran las familias que residen en este PH debido al deterioro progresivo que debe haber sufrido en estos años la estructura debido a las filtraciones y el peso no calculado de la construcción ilegal ubicada en la azotea.
Teléfono: (507) 203-0770
Envíe sus comentarios o denuncias: 
