Texto: Andreína Rodríguez García
En dos fases sería ejecutada la demolición del antiguo Figali Convention Center, informó la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR).
La primera de ella comprendería derribar los cinco primeros edificios del complejo. Luego de que esté operativa la nueva infraestructura, se procederá a finiquitar el resto para disponer de una mejor vista para el anfiteatro.
El proyecto del Centro de Convenciones tiene un costo de 193.7 millones de dólares, monto que incluye la disposición de un hotel, un área para comercios y una arena para espectáculos que se prevé sean entregadas en el 2019.
Inoperante
Luis Felipe Icaza, secretario de la UABR, señaló que el objetivo es echar abajo todas las propiedades de Figali ya que “no cuentan con las condiciones para albergar reuniones”.
Asimismo, Gustavo Him, representante de la Autoridad de Turismo y actual administrador del inmueble, comentó que “no sería factible” que operen dos centros de convenciones en un mismo sector.
Antecedentes
El proyecto aprobado por el gobierno de Mireya Moscoso, fue otorgado al Grupo F. Internacional S.A, del empresario Jean Figali, en enero de 2002, contemplando la construcción del Figali Convention Center, un área residencial y otra comercial que llegó a llamarse la “Zona Viva”.
Faltas
Para el 30 de diciembre de 2004, bajo la presidencia de Martín Torrijos, la UABR, que para aquel entonces se conocía como la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), resolvió administrativamente el contrato 084-2 de 10 de febrero de 2004 por incumplimiento en el desarrollo del parque temático.
En julio del 2009, durante la administración de Ricardo Martinelli, la sociedad anónima acuerda un convenio de cancelación de deudas del primer contrato suscrito con el Estado en el 2002. Para noviembre de ese mismo año se decretó formalmente el secuestro de la administración y bienes al Grupo F por falta de pago.
Transferencia a la nación
En marzo de 2012, el Ministerio de Economía y Finanzas y la compañía acuerdan una transacción extrajudicial en el que fueron transferidos a la Nación todas las mejoras construidas por el grupo, desarrolladas en las cuatro parcelas dadas en concesión, así como maquinarias e implementos que se requirieron, como forma de pago.
A inicios del 2012, cuando se formalizó esta transacción extrajudicial, el Grupo F aún mantenía una morosidad $29.9 millones.
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