Un cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en más de 3 millones de dólares fue decomisado y destruido durante una operación liderada por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público.
Esta incautación se suma a muchas otras logradas este año, con lo cual se pone freno a un delito cada vez más frecuente que ha alcanzado proporciones alarmantes en Panamá.
La información fue dada a conocer por la Alianza Contra el Comercio Ilícito de Panamá, ente determinante en la detección, prevención del contrabando, falsificación, piratería y evaluación del impacto del comercio paralelo en el país. De acuerdo con lo descrito por esta organización, el comercio ilícito de cigarrillos representa un desafío significativo para la economía, la salud pública y la seguridad en Panamá.
Según datos recientes del Estudio de Mercado de Cigarrillos Ilegales, la tasa de comercio ilícito de cigarrillos ha alcanzado un impactante 92.1%, lo que marca un aumento considerable en comparación con el 87.9% registrado en el tercer trimestre de 2021.
“Desde la Alianza queremos reconocer el trabajo articulado que han venido desarrollando las autoridades nacionales, con el firme compromiso de continuar combatiendo día a día el comercio ilícito en nuestro país”, expresó Marissa Lasso De La Vega, presidenta de la Alianza contra el Comercio Ilícito, capítulo de Panamá.
Agregó Lasso De La Vega que «se hace necesario seguir desarrollando estrategias efectivas, no solo de vigilancias en las fronteras del istmo panameño sino también a lo interno en nuestras ciudades como David, Colón y la propia ciudad de Panamá, para continuar garantizando la seguridad ciudadana, la salud pública y las finanzas del Estado en la lucha contra el comercio ilícito de productos de cualquier naturaleza”.
El impacto económico del comercio ilícito es devastador. Según estimaciones de la Alianza contra el Comercio Ilícito el país pierde anualmente más de 100 millones de dólares debido a este fenómeno, afectando directamente la inversión social y la capacidad del gobierno para financiar otros programas esenciales de salud y educación.