Aún sin respuestas se encuentran los propietarios del PH La Scala ubicado en la barriada El Carmen de Bella Vista, tras la negativa del Municipio de Panamá de otorgar la última aprobación de habitabilidad de su residencia, lo que mantiene en vilo a decenas de familias.
“Las pérdidas en conjunto superan el millón de dólares en gastos de arriendo por año y medio de retrasos en la entrega de sus inmuebles. Ni el Estado ni la constructora han aportado soluciones inmediatas así como un canal de atención humanitario a los afectados, entre quienes hay familias jóvenes con niños pequeños y ancianos, que invirtieron todo o parte su patrimonio en este proyecto, indica Eduardo Baiz, quien adquirió un apartamento en ese PH hace cinco años por un monto de 150 mil balboas.
Por su parte, Rafael Sadonge, representante de la promotora Urbe se defiende con base en el certificado emitido durante los años 2009 y 2011. Solo resta la legitimación del Consejo Municipal como la única instancia, que sostiene en reprobar el permiso de ocupación de la obra. «Entre 1992 y 2003 se realizaron cambios de zonificación de los terrenos a alta densidad y allí está nuestro edificio. Nosotros lo compramos en 2008 previo a una certificación de uso de suelo por parte del Ministerio de la Vivienda. Frente a Scala está el edificio Shakira y al inicio de la calle hay otros edificios más que están en construcción, por qué el problema es con el nuestro?»
Los propietarios insistieron en exigir a las autoridades municipales otorgar el permiso de ocupación de los apartamentos. La Sala Tercera del Tribunal Supremo de Justicia dictó la nulidad de dos resoluciones de estudios de impacto ambiental el pasado 18 de agosto aprobadas por la desaparecida Autoridad Nacional del Ambiente en los años 2009 y 2011.
En un comunicado, la Red Ciudadana Urbana, organización vecinal que se ha opuesto a la construcción de este edificio en el sector El Carmen, señala que el “Consejo Municipal de Panamá no puede actuar como una instancia judicial por encima de la Corte Suprema de Justicia” pero los promotores explican que sí, que es precisamente el Municipio de Panamá que tiene la última palabra.
Queda pendiente que la Procuraduría de la Administración emita una respuesta a la consulta elevada por la Dirección de Obras y Construcciones de la municipalidad, sobre la potestad que este despacho tendría de otorgar los permisos de ocupación al margen de la decisión del máximo tribunal.
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