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La gestión del Presidente José Raúl Mulino recibió el mes de mayo con una oleada de protestas tras la aprobación de la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS),la firma del memorándum de entendimiento con Estados Unidos en torno al Canal, la posible reapertura de la mina cobre en Donoso y la construcción del embalse en Río Indio.
La situación se encuentra en tensiones elevadas donde se exige la renuncia de al menos tres ministros, e inclusive la dimisión del Presidente. Por el lado del Ejecutivo no se muestran buenos términos para la negociación, por el contrario abundan las amenazas de despidos y supresión de salarios a los docentes y obreros de la construcción que mantienen un paro nacional indefinido como medida de presión.
Reforma de la Seguridad Social
Sindicatos, estudiantes y organizaciones civiles han salido masivamente a las calles en rechazo a lo que consideran una “privatización encubierta” del sistema de pensiones. La ley sustituye el modelo solidario por cuentas individuales y permite revisar la edad de jubilación en seis años, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores. 
El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) lideró una huelga nacional “de advertencia” el pasado 21 de marzo, con manifestaciones en todo el país. En la Universidad de Panamá y en Colón, las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía, uso de gases lacrimógenos y detenciones.
El presidente José Raúl Mulino defendió la ley como una medida para garantizar la sostenibilidad del sistema, negando un aumento inmediato en la edad de jubilación. Sin embargo, diversos sectores sociales continúan exigiendo su derogación, argumentando que la reforma pone en riesgo el futuro de las pensiones y beneficia a entidades financieras privadas.
La agenda del sector opositor continuó con la declaración de una huelga nacional indefinida de educadores a partir del 23 de abril, la cual se mantiene activa, sumándose ahora un paro nacional indefinido de los trabajadores de la construcción y otros sectores productivos del país.
Las movilizaciones persisten, con llamados a nuevas acciones y una creciente tensión entre el gobierno y los manifestantes. La situación refleja un profundo descontento social ante cambios percibidos como lesivos para los derechos laborales y la seguridad social en el país.
¿Injerencia extranjera?
Otro caso explosivo en esta ola de manifestaciones ha sido provocado por el acuerdo firmado entre el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, y el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, que presuntamente permite el uso de antiguas bases militares como Fort Sherman y Rodman por parte de tropas estadounidenses, bajo el argumento de reforzar la seguridad marítima y cibernética en el área del Canal de Panamá. Aunque el gobierno panameño niega una presencia militar permanente, el acuerdo ha sido criticado por contradecir el Tratado de Neutralidad de 1977 y por ceder soberanía nacional.
Los cuestionamientos alcanzan el tema de una numerosa presencia de soldados norteamericanos en el país, bajo el pretexto de ejercicios militares conjuntos establecidos desde hace años por ambos gobiernos. En torno a ésto, el Presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos ha logrado incrementar la presencia militar en la nación centroamericana.
Por otro lado, cuando todos pensaban que las cosas no podían ir a peor, Trump anunció que había comisionado a su Secretario de Estado para que se acerca con Panamá el libre tránsito de buques militares y comerciales por el Canal.
Minería
Tras la suspensión de operaciones de la mina de cobre en 2023 debido a protestas masivas y a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de explotación minera firmado entre el Gobierno y la operadora trasnacional First Quantum Minerals, el gobierno evalúa la posibilidad de reabrir la mina Cobre Panamá. 
Aunque no se ha anunciado oficialmente, la discusión sobre su reactivación ha generado preocupación en sectores ambientalistas y comunidades locales, que temen impactos negativos en el medio ambiente y en sus medios de vida.
Río Indio
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha declarado prioritaria la construcción de un embalse en la cuenca del río Indio, con una inversión estimada de $1,600 millones y un plazo de seis años. El proyecto busca garantizar el suministro de agua para el Canal y para más del 50% de la población panameña. Sin embargo, comunidades campesinas y organizaciones sociales se oponen al proyecto, argumentando que afectará a más de 500 familias y representará un “crimen ambiental” .
Estos temas han generado un clima de descontento y movilización social en Panamá, con protestas y debates sobre la soberanía, el medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas.
La incertidumbre es cada vez mayor así como las tensiones en la calle; más de 500 mil estudiantes están sin clases o clases a medias y las principales obras de construcción del país se encuentran paralizadas. Una situación crítica que los panameños esperan sea resuelta cuanto antes. 
