Los desafíos del nuevo gobierno

Muchos son los informes y análisis de la situación que se vislumbra para el nuevo gobierno en Panamá y las prioridades a atender en el próximo quinquenio. En ellos hay sobradas coincidencias sobre los temas más álgidos y urgentes que requieren respuestas rápidas y efectivas, además de duraderas.

Uno de los retos más importantes, y que hace marco al resto de los temas a abordar, es el tema de la reforma constitucional, un compromiso que viene apareciendo en casi todos los programas de gobierno de los candidatos desde hace años, pero que no se termina de concretar. El nuevo gobierno encabezado por José Raúl Mulino debería dar respuesta a esta expectativa para poder aplicar las reformas que requiere el país y para recuperar la funcionalidad e institucionalidad de todo el aparato estatal y los poderes.

La expectativa empresarial

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha hecho grandes esfuerzos para crear una agenda común que priorice las necesidades y organice la gestión del gobierno en función de las expectativas generales de los panameños.

En un informe de este año, la CCIAP enumera algunas prioridades que deben formar parte del plan de gobierno del presidente recién electo y que conformaron la base de discusión del programa de foros Agenda País, espacio evidentemente despreciado por la mayoría de los aspirantes a la presidencia este año.

La recuperación de la Caja del Seguro Social y del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte es uno de los aspectos que prioriza el gremio empresarial y que debe ser atendido con prontitud. El otro tema tiene que ver con el agua, tanto la destinada al consumo humano, como la que garantiza la operación del Canal de Panamá, ambos representan situaciones álgidas relacionadas con la calidad de vida, la salud y el pilar económico del país.

Recuperación financiera

En la secuencia del documento presentado por los empresarios destaca la urgente necesidad de dar respuesta al problema financiero del país, el cual se agudizó en la gestión saliente y que es un polvorín a punto de estallar. La deuda acumulada y el incontrolado gasto público ameritan acciones contundentes e inmediatas a través decisiones firmes y un plan económico sostenido. Solo así se podrá recuperar la credibilidad y la atención de las inversiones nacionales y extranjeras que tanto necesita nuestra economía.

Una sacudida radical a la obesa burocracia estatal es necesaria en esta gestión que comenzará en julio. Ello amerita decisiones drásticas y un proceso de modernización y automatización que permita mayor eficiencia, eficacia y productividad.

Educación, salud y servicios públicos

La necesidad de un cambio en el sector educación es llover sobre mojado. El nuevo Presidente está obligado a iniciar reformas profundas que garanticen la recuperación el proceso educativo y una mejor formación de los niños y jóvenes panameños, de ello depende el crecimiento del país y el avance en muchos de los sectores productivos de la economía nacional.

Mejoras en la salud, el avance del sistema de transporte público, la construcción de viviendas dignas en los sectores de menores recursos, la dotación de los servicios públicos básicos en muchos sectores de Panamá, son también prioridades que el nuevo gobierno debe agendar y ejecutar.

La minería

Por otro lado, el tema de la minería es un asunto inconcluso que tendrá episodios de mayor intensidad durante este quinquenio, pues requiere decisiones y resoluciones acordes con los acontecimientos ocurridos en los meses de octubre y noviembre de 2023. Le toca al estado sortear las demandas y manejar el cierre definitivo de la minería metálica a cielo abierto o reactivarla, según sea su esquema. No la tiene fácil en esta materia.

A modo más general, los informes de los organismos multinacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, entran en estos y muchos otros detalles sociales y económicos que merecen atención por parte del Gobierno, sin embargo, el más significativo, y que es catalogado como un asunto clave para la paz, es la necesidad de reducir la brecha social, que en Panamá es muy marcada y elocuente.

Las expectativas sobran, como ocurre en cada inicio de una gestión; queda en manos del nuevo gobierno asumir los retos de acuerdo con sus prioridades y garantizar la estabilidad una mejor calidad de vida a los panameños en estos 5 años que comienzan a contra a partir de julio.