Panamá avanza hacia una Asamblea Constituyente Originaria 

Para el 2028 se espera que Panamá tenga una nueva Constitución Política, derivada de un proceso democrático basado en la elección de una Asamblea Constituyente Originaria, cuyos miembros se ocuparán de redactar la nueva Carta Magna que sustituya a la ya desactualizada Constitución de 1972.

Esta es la misión de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (SEPRESAC), bajo la coordinación del asesor presidencial, Miguel Antonio Bernal. 

En términos gráficos, Bernal presentó un cronograma del proceso que inició este año con lo que él llama la alfabetización constitucional y la divulgación del proceso a todos los sectores del país. En el 2026 debe darse el pacto nacional para la selección de los candidatos a constituyentes; en el 2027 será la elección popular de constituyentes y la redacción de la nueva Constitución. Finalmente, en 2028, se realizará el referéndum para la aprobación de la nueva Constitución y su promulgación.

Profundo desconocimiento

Bernal destaca que es muy importante que la población conozca lo que es una Carta Magna y sepa identificar sus deberes y derechos consagrados en ella. “Ahora mismo hay un desconocimiento producto del atraso en el que vivimos como sociedad en torno a los valores cívicos, que contribuyen a que una sociedad pueda tener una convivencia pacífica”, asegura. Y este es precisamente el objetivo de la primera etapa señalada en el plan y que se denomina “Alfabetización Constitucional”, cuyo desarrollo podría tomar de 12 a 18 meses y representa la base de las etapas restantes.

Refiere Miguel Antonio Bernal, docente universitario, abogado, escritor, doctor en Ciencias Políticas, crítico y activista político, que esta etapa de información ya inició y se está brindando una inducción a los funcionarios públicos de todas las instancia y luego ellos será replicadores de la información a la comunidad. También se están realizando cabildos, talleres y recorridos por oficinas de la capital y del interior del país. 

Amigos y enemigos

La redacción de una nueva constitución es una idea que tiene muchos aliados pero de la misma forma tiene muchos detractores, personas que tienen ascendencia en la opinión pública o que ejercen funciones clave en el Estado, que se oponen a esta iniciativa y prefieren otras maneras como la reforma constitucional desde la Asamblea Nacional o a través de una comisión nombrada por ésta.

En este contexto, Bernal aclara que el Ejecutivo apoya firmemente la elección de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución y es por ello que se crea su despacho. 

No obstante, señala que hay instancias muy importantes para el proceso que se oponen, como es el caso del Tribunal Electoral, donde los tres magistrados han expresado su desacuerdo con una Constituyente Originaria y están promoviendo en este momento una reforma la Código Electoral, cosa que no tiene sentido si estamos hablando de una nueva constitución.

Malestar social

Un aspecto que Bernal viene señalando ya hace varios años es que Panamá mantiene una situación de descontento social y ello deriva de la falta de atención y soluciones a los problemas de las mayorías, ese es un factor latente y peligroso que no tiene salidas en la actual constitución, según sus consideraciones. 

“Lo que buscamos, en medio de este proceso constituyente, es mantener viva la convivencia pacífica, mediante el diálogo y el debate. Entre más personas conozcan sus derechos, deberes y el rol de una constitución, creo que vamos a poder avanzar”, dijo Bernal en una reciente entrevista al diario La Estrella de Panamá. 

“Con la constitución actual, no vamos a salir de los problemas que tenemos, llámese mina, CSS, deuda pública y otros, porque los Órganos del Estado, en la actualidad, son disfuncionales”, recalcó. 

La solución para este abogado, encargado de la reforma del Estado, está en una nueva Carta Magna que se ajuste a los nuevos tiempos y las dinámicas de país y del mundo, que se nutra de las experiencias vividas para crear un marco normativo moderno que contribuya con el desarrollo del país y fije las bases para el futuro.