Un promontorio de sillas vacías es lo que es hoy la Academia de la Historia de Panamá, institución fundada el 16 de mayo del año 1921, que ha visto frustrada su misión debido a la partida de la mayoría de sus directivos y a la poca diligencia para nombrar sus reemplazos.
Ricardo J. Alfaro, secretario de Gobierno y Justicia de la República; Octavio Méndez Pereira, rector del Instituto Nacional; Enrique J. Arce, catedrático de Historia del Instituto Nacional y Antonio Burgos, ministro diplomático, fueron los primeros en formar parte de este organismo, designado como correspondiente por la Real Academia de la Historia de Madrid.
En el acta constitutiva, sus directores exponen que la Academia de La historia de Panamá se ocuparía de encabezar trabajos de investigación tendientes a establecer la verdad de los hechos en todo lo que se relaciona con la historia de Panamá y la de España, especialmente en la parte que concierne a sus relaciones con sus antiguas colonias de América.
En una reseña publicada hace unos años por el medio impreso, Panamá América, uno de los pocos académicos vivos, Omar Jaén Suárez, asegura que «la Academia se ha convertido, en realidad, en una especie de cementerio, en donde la mayoría de los sillones están vacíos porque nunca se pudieron llenar esos cupos debido a que nunca se llamó para realizar esas elecciones».
Según lo declara Jaén Suárez en esa entrevista, la única forma legítima y legal de nombrar una nueva directiva es mediante la convocatoria de los académicos vivos de manera que puedan votar por nuevos miembros. Además de Jaén Suárez, aun viven Alfredo Castillero Calvo y Octavio Osorio.
A 103 años de su fundación, esta institución, llamada a construir y resguardar la memoria histórica de la República, acumula un deuda que con el pasar de los años se hace cada vez más difícil de cumplir.
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