El Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) realizó un encuentro donde se tocó el tema de las reformas penitenciarias, con la participación de María Luisa Romero, viceministra de Gobierno, en calidad de expositora; José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Rafael Pino Pinto, gobernador de la provincia de Panamá; y Alfredo Castillero Hoyos, defensor del Pueblo.
El Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC) es una iniciativa creada desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) como herramienta de seguimiento perdurable de las políticas públicas de salvaguarda de la nación. Su objetivo base es mantener la continuidad de los planes, velando por su cumplimiento y evaluando las respuestas de las acciones aplicadas a fin de ofrecer mejor garantía de vida. Todo esto partiendo de planes que reduzcan desde la deserción escolar, el índice de desempleo hasta el hecho criminal; como fenómenos consecuentes.
Este proyecto viene enmarcando las propuestas del viceministerio de Gobierno a manos de su autoridad principal, María Luisa Romero, quien reconoció grandes fallas de las estrategias aplicadas dentro del plano educativo, laboral y, específicamente, del sistema penal. “La calidad humana, más que la cantidad, es el pilar fundamental del manejo de cárceles” afirmó. En este ámbito adelantó que la inversión estará avocada a mejorar el nivel de instrucción de los custodios así como de su calidad de vida. “Poder brindar una oferta salarial apetecible, contribuye a disminuir el riesgo de caer en la tentación de ser corrompido por el ambiente criminal en el que se desenvuelven”, sentenció Romero. Es por ello que los fondos son dirigidos a brindar un régimen disciplinario estricto, a través del diseño de lo que llamó “Carrera Penitenciaria”.
En este aspecto el presidente de la Corte Supremo de Justicia, José E. Ayú Prado, propuso que en carácter de obligatoriedad se disponga de los aspirantes a jueces, fiscales y defensores como custodios antes de obtener dichos cargos. El objetivo es sensibilizar a los futuros funcionarios de la realidad carcelaria del país a la vez que asegura a la penitenciaría la disposición de un recurso humano con alta preparación académica.
Pero no solo los funcionarios que operan en las instalaciones penitenciarias se verán beneficiados, también el privado de libertad contará con programas educativos de alta calidad y competitividad a fin de darle óptimas herramientas para su futura reinserción social y laboral. De allí que el OSC suscriba una alianza estratégica con la empresa privada, en tanto obtienen directamente de estos centros una mano de obra económica y de calidad e indirectamente estarán invirtiendo en mejorar la calidad de vida del país al lograr que la incorporación a la vida pública sea efectiva y adaptada a la realidad económica del país.
En cuanto a las ganancias por ventas “una parte irá a las familias del detenido y la otra a una cuenta de ahorros que podrá utilizar una vez salga del reclusorio”, aseguró la Viceministra de Gobierno, quien reveló cifras elevadas que correlacionan la criminalidad con la filiación por imitación de patrones. Siendo así, Romero expuso finalmente un proyecto dedicado específicamente para la prevención de la violencia, dirigido a adolescentes involucrados en hechos punibles partiendo desde el rescate oportuno de la población juvenil que opta por la deserción escolar.
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