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Editorial | ¿Un escándalo a la medida?

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Foto: Nervis Araujo

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y su organismo conjunto, el denominado Foro Global, vienen insistiendo desde hace aproximadamente dos años en la necesidad de impulsar reformas financieras y fiscales en Panamá, basados en los tratados multinacionales, entre ellos el tratado de intercambio de información, firmado en el 2011, donde Panamá se compromete a brindar información que contribuya a combatir el lavado de dinero y la evasión tributaria.

Francia, que “fortuitamente” es sede de la OCDE y uno de los principales miembros de esta organización también denominada “club de los países ricos”, había lanzado sus advertencias a Panamá sobre este asunto. En diciembre del año pasado, el ministro de Finanzas francés, Michel Sapin, dijo: “En el año 2016, Francia estará muy atenta a la evolución de los intercambios con Panamá. La cooperación en las solicitudes de información actualmente no es satisfactoria”.

Resulta curioso y por demás muy casual que luego de esa insistente postura y de innumerables cuestionamientos por la demora de Panamá en el aporte de información solicitada, surja un escándalo internacional como el llamado “Panamá Papers”, que abre todas las puertas para que Francia y los países miembros de la ODCE logren “persuadir” al gobierno panameño a que de una vez por todas realice las adecuaciones legales y tecnológicas para que se produzca el ansiado intercambio automático de información financiera y fiscal.

Bajo este contexto, el ministro de Finanzas panameño, Dulcidio de la Guardia, viajó a París (unas 11 horas de vuelo) para ser recibido por su homólogo galo en una reunión que no duró más de una hora y donde el ministro francés exigió a Panamá que “se comprometa, sin ambigüedades, en materia de transparencia, con el objetivo de suscribir el acuerdo multilateral sobre intercambio automatizado de información financiera”. Asimismo, solicitó que sea firmada lo antes posible la convención multilateral de asistencia administrativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), y el Consejo Europeo.

Sin duda, esta situación podría permitir a Panamá ejercer mejores controles que impidan que firmas puedan amasar fortunas con procedimientos al perecer cuestionables desde lo legal; sin embargo, las secuelas de este coincidencial escándalo harán mella en enorme esfuerzo de este país por alcanzar su desarrollo.